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En entrevista con el diario La Segunda, el abogado Juan Carlos Manríquez explicó que «a los jueces les pesa la historia de sus antecesores durante la dictadura, por lo que ahora abrazan esta nueva oportunidad histórica».

La jueza Romy Rutherford pudo esperar la evolución del estallido social para dar un espacio a que bajara la tensión y la posibilidad de que La Moneda tuviera que volver a echar mano a las Fuerzas Armadas para controlar las calles. Pero no lo hizo: el miércoles 13 de noviembre, la ministra en visita por el fraude en el Ejército condenó en primera instancia a 13 años de presidio al general (r) Jozo Santic, en el marco del cuaderno investigativo «Tecnodata II», en que investiga la presentación de 43 facturas falsas que causaron un perjuicio fiscal de $41 millones.

El Poder Judicial parece actuar al margen de las expectativas de las instituciones uniformadas y remarcando públicamente aquello. Por ejemplo, las cortes de apelaciones de Antofagasta y de Concepción acogieron órdenes de no innovar presentados en contra de Carabineros y el Ministerio del Interior por el uso de bombas lacrimógenas y balines en marchas pacíficas. Las sentencias fueron enviadas de inmediato a los medios de comunicación y subidas a la web, incluso con el video de un ministro explicando las medidas y subrayando que el gas y las escopetas solo pueden ser utilizadas en caso de ataques graves. A su turno, la Suprema acogió la semana pasada un recurso de amparo a favor de un militar que se negó a cumplir sus funciones durante el estado de emergencia, ordenando su libertad provisional.

A juicio de dos juristas consultados por «La Segunda» -el académico de la Chile Luis Cordero y el doctor en derecho penal Juan Carlos Manríquez-, a los jueces les pesa la historia de sus antecesores durante la dictadura, por lo que ahora abrazan esta nueva oportunidad histórica.

«Lo que vemos es una gran demostración de la independencia del Poder Judicial. Los tribunales están funcionando de acuerdo con las exigencias de un Estado democrático», dice Cordero.

Manríquez explica que si bien «algunas sentencias podrían ser polémicas, pueden ser razonables de acuerdo al mérito de cada caso. O sea, el Poder Judicial no ha tomado partido en contra de las Fuerzas Armadas y Carabineros. Sí está respetando los tratados internacionales del debido proceso».

«Una de las instituciones que más conciencia tiene de las debilidades por el rol que cumplió tanto para el golpe de Estado, como de sus omisiones durante la dictadura es el Poder Judicial. Este momento es trascendente y por eso los jueces tienen plena conciencia del rol que les corresponde, mirando, precisamente, su pasado», sostiene Cordero.

Se le podrían formular «críticas» -añade Manríquez-, pero «porque por regla no sintoniza con lo que la mayoría quiere y eso afecta a lado y lado. Quienes están en el lado de las supuestas víctimas como quienes están en las Fuerzas Armadas pueden pensar que el Poder Judicial les está cargando la mano».

Y Cordero concuerda con él: «Cuando un Poder Judicial recibe críticas porque no deja conforme a nadie, es indicador de su independencia. Las críticas contra el Poder Judicial en materia de derechos humanos tampoco serían muy novedosas porque ya están instaladas hace rato por un sector político que es minoritario».

Fuente: La Segunda