En Valparaíso, los infractores solo son detenidos en flagrancia y la causa penal se agota en una única audiencia por daños simples que se resuelve en una multa. En un caso reciente, en que fue imputado un abogado funcionario de la Corte Suprema por rayar muros en la zona de la plaza Aníbal Pinto, el monto llegó a los $26 mil.
El profesor de Derecho Penal en la PUC, abogado en la Corte Penal Internacional e informante de proyectos de ley en la materia, Juan Carlos Manríquez, estima que la persecución penal es solo reactiva, no aborda el carácter sistemático de las infracciones, la posible reiteración de sus autores ni su conciencia de la magnitud del deterioro del espacio público que, como fenómeno social, esta conducta implica.
Su crítica apunta a una actitud ‘excesivamente pasiva’ del Ministerio Público. ‘Es una claudicación anticipada a usar de manera coordinada y eficiente las normas y las técnicas de investigación. Prefiere una salida alternativa y rápida, desatendiendo el carácter cumular (acumulativo) de esa delincuencia cuyo fin, no ignorado es destruir el patrimonio cultural’, sentenció.
El académico de Derecho Penal de la UCV, Jaime Vera, resalta que el Código Penal y la ley de Monumentos Nacionales brindan herramientas que justificarían abrir un foco investigativo que apunte a desentrañar su reiteración, el carácter de cuadrilla de los rayadores y su actuar nocturno, que son agravantes específicas. También es una calificante si el inmueble afectado es monumento nacional. Abrir tales investigaciones y la decisión de infiltrar grupos para desentrañar quienes lo integran, precisa Vera, ‘dependen de la fiscalía. En este caso, hay un déficit que no es legislativo, sino investigativo’.
El abogado especialista en patrimonio Óscar Acuña coincide en que la pasividad de las autoridades —incluyendo al Consejo de Monumentos y al CDE— ante este vandalismo contraviene las obligaciones que les imponen los convenios internacionales de protección al patrimonio suscritos por el Estado de Chile.
La Ley 17.288 multiplica el monto de las multas cuando el daño es causado a un monumento nacional.
El director de la V Zona de Carabineros, general Edgar Jofré, apunta a que es requisito que el propietario del bien afectado haga la denuncia, ‘porque es propiedad privada y hay que tipificar si corresponde a una infracción municipal o a un delito de daños. Pero sí o sí se necesita el impulso del afectado’. Mientras, el prefecto Henrik Arguedas, jefe de la Brigada Investigadora de Delitos contra el Medio Ambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI en Valparaíso, señala que se trabaja en capacitar al municipio y a los locatarios de Valparaíso en la información que deben aportar para afrontar las denuncias de los rayados de fachadas y monumentos.
En este escenario, la fiscal regional Claudia Perivancich cree posible una mayor coordinación con instituciones del Estado y el municipio con el fin de ‘disminuir brechas de impunidad. En orden a la persecución de estas conductas, estamos plenamente disponibles para estrechar estos vínculos, de modo de recibir denuncias más oportunamente y con mejor información’.
En tanto, Manríquez admite que el contacto con los grafiteros ha sido un elemento en las políticas públicas en otros países que ha tenido éxito en controlar la explosión de rayados. Sin embargo, acota, allí no se ha renunciado a las herramientas legales para aplicar sanciones disuasivas (en Francia o Alemania pueden llegar hasta la cárcel) y desbaratar las bandas organizadas de vándalos.
Giovanni Zamora (32), un reconocido artista urbano del puerto que acaba de pintar un mural en la estación Puerto del Metro Regional de Valparaíso, considera que faltan iniciativas que canalicen las energías, especialmente, de los grafiteros jóvenes, que hoy inundan las fachadas porteñas con sus garabatos. Fueron 22 artistas callejeros los contratados por EFE y el Ministerio de las Culturas para hermosear 12 estaciones de ferrocarril.
Plantea que estas iniciativas fueron ‘una solución en Barcelona, que era la ciudad más rayada del mundo Se brindó espacios donde la gente podía pintar libremente, sin temor a la policía, excluyendo los cascos históricos patrimoniales’, dijo. También estima que una acción punitiva solo agravará el problema. ‘Declararles la guerra va a causar que Valparaíso esté más rayado aún, porque se van a enojar y expresar una reacción emocional’, planteó.