En representación de la Asociación Internacional de Derecho Penal, AIDP, abogado Juan Carlos Manríquez, cuestionó la forma de la aplicación de la inteligencia artificial en el sistema penal chileno y presentó jurisprudencia con evidencia digital que fue declarada ilegal en foro realizado en Buenos Aires, Argentina.
El abogado Juan Carlos Manríquez, LLM y focal point de la Corte Penal Internacional, basó su análisis bajo una pregunta. El modelo de algoritmo preventivo y predictivo para tratar con el crimen organizado: ¿es predecible en su pleno respeto al estado de derecho?
Ante cientos de participantes y abogados de diversos países, el jurista explicó la nueva estrategia del Ministerio Público para enfrentar el avance de la delincuencia en Chile. Dijo que el 22 de marzo recién pasado, la fiscalía nacional comenzó a utilizar un sistema de inteligencia artificial que detecta estructuras criminales. Un modelo matemático que se creó para delitos contra la propiedad y permite proponer en segundos las identidades de potenciales pandilleros asociados a un hecho. Este método pronto será probado y adaptado primero a casos de homicidio y drogas.
El modelo, según las autoridades, es capaz de construir una red de vínculos entre personas con antecedentes penales e identificar a potenciales miembros de un grupo asociado a un hecho delictivo específico. Este se concretó gracias un proyecto de fondos concursables para el desarrollo científico y tecnológico del Estado, (Fondef) y comenzará a utilizarse para casos de delitos contra la propiedad en las unidades de Análisis Criminal de las fiscalías regionales del Maule, Coquimbo y Metropolitana Centro Norte, para avanzar a otros delitos de mayor complejidad en los próximos meses.
“El objetivo es ayudar a los fiscales a determinar rápidamente, en cuestión de segundos, qué personas pudieron haber actuado en un hecho delictivo atribuible a una pandilla. Eso, tengamos o no un sospechoso, por lo que esperamos que sea de gran ayuda para bajar los índices de delitos con imputado desconocido”, aseguró el fiscal nacional, Ángel Valencia, durante la presentación oficial del sistema.
“Así, ante los delitos recientes, podremos pedirle al sistema que proponga los nombres de un número inicial de sujetos. Luego podremos aumentar ese número en el transcurso de la investigación”, agregó Valencia.
El expositor argumentó que este modelo matemático se nutre de información de diferentes bases de datos, como la del Sistema de Apoyo Fiscal (SAF) y demoró dos años en desarrollarse. Estuvo encabezado por la Unidad Coordinadora de Análisis Criminal y Enfoques Investigativos de la fiscalía nacional (SACFI) y el investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería de la Universidad de Chile, Richard Weber, junto a Carla Vairetti de la Universidad de Los Andes y Fredy Troncoso de la Universidad del Biobío.
Ahora, el mismo equipo avanza en modelos matemáticos específicos para homicidios y drogas, integrando nuevos elementos de modus operandi y conocimientos de ciertas técnicas necesarias para la ejecución del delito, entre otros elementos.
Según Weber, “con este sistema, cada fiscal y su equipo ya no tendrá que analizar muchas carpetas para encontrar posibles enlaces, ya que la máquina hará un filtro y propondrá un número limitado. La ventaja es reducir el volumen y la complejidad de la búsqueda, haciéndola más inteligente”. Con esto, el algoritmo también contribuirá a la validación de las hipótesis de investigación.
El equipo ya ha realizado varias pruebas en casos de robo, con altos índices de efectividad. A modo de ejemplo, uno de ellos trabajó en un evento reciente en el que, se conoció, que 12 personas estaban involucradas. Solo dos de esas identidades fueron entregadas al sistema, pudiendo rastrear y proponer la identidad de siete nuevos individuos, todos los cuales se encontraban entre los condenados.
Pero, ¿Cómo se pueden identificar acusados desconocidos con esta inteligencia artificial?
El mecanismo consiste en identificar como nodo inicial a una persona, de quien existan vínculos con terceros con los que haya participado en al menos un delito anterior. De esta manera, se genera un mapa de redes criminales. En caso de que no exista esa persona inicial, el sistema compara hechos, jurisdicción y normas aplicadas, entre otras variables.
Además, presentó jurisprudencia de evidencia digital y vigilancia que fue declarada ilegal, justo cuando la tensión entre seguridad versus privacidad bajo la Constitución y la Convención de Budapest se mantenía en un álgido debate.
Caso de evidencia digital ilegal
El Departamento de la Policía de Investigaciones, específicamente la Fuerza de Tareas contra el narcotráfico, utilizó un dron para grabar una banda cargando un camión con cocaína dentro de un sitio cerrado. El dron transmitió imágenes, los sujetos fueron asociados por la base de datos y la PDI siguió adelante. El primer efecto: Todos los perpetradores detenidos y luego encarcelados.
El registro se obtuvo sin orden judicial y sin permiso de la autoridad aeronáutica para operar el dron en el aire.
Frente a los Tribunales, todos los imputados fueron absueltos, ya que el Juzgado Penal de Santa Cruz declaró que esta prueba era originalmente ilegal, porque conforme al texto constitucional chileno (art. 83.3 y art. 9 CPP) toda acción intrusiva en un sitio donde se cumplen las expectativas de privacidad requieren una orden previa. La Corte de Apelaciones de Rancagua confirmó la sentencia del Juzgado Penal de Santa Cruz y negó el recurso de nulidad.
Finalmente, concluyó que “para nuestros ordenamientos jurídicos internos todos estos asuntos y cuestiones muestran los complejos desafíos que tenemos que enfrentar”. “La evidencia digital, análisis forense, inteligencia artificial y algoritmos predictivos son los retos de litigación moderna para el Código Procesal Penal de Chile”, puntualizó.
El abogado Juan Carlos Manríquez expuso este análisis en el Coloquio Internacional “Inteligencia artificial y administración de justicia: La policía y la justicia predictiva”, que se desarrolló del 28 al 31 de marzo en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. La antesala de lo que será el XXI Congreso Internacional de Derecho Penal de la Asociación Internacional de Derecho Penal, AIDP, que se realizará el próximo año.
En la instancia se reunieron destacados profesionales, académicos y relatores de Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Japón, España, Turquía, Francia, Finlandia, Brasil, Argentina y Chile entre otros.