Dice que es un “amante de lo políticamente incorrecto”. Y como ejemplo, Juan Carlos Manríquez, quien intenta pasar sus fines de semana en su campo en Limache, admite su afición al rodeo. Su percepción sobre sí mismo se ve reafirmada cuando recuerda las causas de las que ha sido parte como abogado, sus batallas ganadas —como lograr que la Ley Emilia fuera declarada inconstitucional— y cuando habla de la incomodidad que generó entre algunos senadores su contratación como
asesor de la Cámara Alta.
El 14 de agosto, la comisión de Régimen Interior decidió reclutar al penalista para interceder ante la Fiscalía, que ordenó a la PDI solicitar a los asesores externos el respaldo de los trabajos realizados entre 2011 y 2016. El acuerdo no pasó por el sistema de compras públicas, sino que se adoptó con una resolución del prosecretario y tesorero del Senado.
Su asesoría —dice el contrato— se presta “presencialmente en las dependencias de la fiscalía del Senado o verbalmente, incluso en forma telefónica desde las oficinas del asesor o de cualquier otro lugar”, tal como permite la norma para las asesorías externas, que hoy están en la mira del Ministerio Público. Por sus servicios, recibirá UF 83,333 ($2.273.369) mensuales entre septiembre y el 16 de diciembre.
Y aunque su trabajo es apoyar “al fiscal de la corporación en derecho penal y derecho procesal penal, en asuntos de orden estrictamente institucional”, su arribo despertó dudas entre algunos parlamentarios.
Las inquietudes En el encuentro del 14 de agosto en que se decidió contratar al abogado, estaban el presidente del Senado, Carlos Montes (que también era reticente a contratarlo) y los senadores Guido Girardi (PPD), Jorge Pizarro (DC), Juan Castro (RN, en representación de Manuel José Ossandón) y Rabindranath Quinteros (PS).
Según el sitio del Senado, también figuraba como asistente Felipe Kast (Evópoli), quien precisa que supuestamente sería un error, porque no fue parte del acuerdo ni tampoco estaba informado.
“En el Senado debería haber transparencia absoluta y si hay temas penales, eso es responsabilidad de cada parlamentario”, acota Felipe Kast.
Si bien es miembro de la comisión que aprobó el fichaje de Manríquez —y, según el registro público de dicha instancia, ese día asistió a la sesión— el vicepresidente del Senado, Carlos Bianchi, afirma que llegó al final de la cita y no estuvo presente cuando se tomó el acuerdo. “Esto fue promovido por un grupo de parlamentarios; no estuve en esa reunión (…) Yo tuve un juicio distinto y reclamé a la semana siguiente, pero un senador dijo que no podía haber objeción, porque ese acuerdo ya
estaba tomado”, comenta Bianchi. Advierte que su inquietud se debe a las motivaciones reales de la contratación: “Si se va a contratar a un abogado externo, lo que tiene que hacer es, en caso de que la Fiscalía detecte irregularidades, defender los intereses del Senado ante un perjuicio y no de un senador en particular”. Agrega que con Montes “hemos tenido una sola línea” en materia de transparencia y recalca que “si un senador ha cometido una irregularidad, ese senador tendrá que ver su
propia defensa; no puede el Senado salir a defenderlo. Quiero que quede claro que yo, en lo personal, nunca pedí un respaldo institucional (N. del R: Bianchi fue desaforado y enfrentó un juicio por supuestas irregularidades, que finalmente lo absolvió)”.
Incluso, el vicepresidente del Senado admite que producto de la tensión que los temas de transparencia han generado entre los senadores, la mesa evaluó renunciar: “Cuando sientes que lo que estás haciendo no está siendo valorado, lo que queda es hacerse a un lado. Hay días muy tormentosos, muy angustiantes, de mucha soledad. Y si el presidente (Carlos Montes)
tomaba esa determinación, no lo iba a dejar solo”.
Consultado sobre la división que genera esta contratación, Montes dice que prefiere “no hablar de cuestiones internas”. Pero precisa que “el nombre no lo definió Régimen Interno”, sino que el secretario del Senado, a petición de la propia fiscalía de la Cámara Alta.
A juicio del senador RD, Juan Ignacio Latorre, quien llegó este año al Congreso, no es necesario “contratar a un abogado para estos requerimientos (…) No veo para qué se contrata a un abogado que defienda al Senado frente a la Fiscalía, que debería poder indagar y cerciorarse si las asesorías financiadas con fondos públicos están de acuerdo a la ley”
Poder indagar y cerciorarse si las asesorías financiadas con fondos públicos están de acuerdo a la ley .
“La Segunda” intentó contactar sin resultado a los senadores Pérez y Pizarro.
“¿Para qué esperar el conflicto si es resoluble antes?”
Frente a las críticas, Manríquez dice que “siempre en las instituciones hay miradas distintas” y agrega que el acuerdo que lo llevó al Senado “representa la opinión de la mayoría en democracia”.
El abogado —que posee lazos transversales y es reconocido como hábil litigante, puesto que ha logrado evitar el desafuero de una decena de parlamentarios— dice que su función es “canalizar la voluntad del Senado” de entregar “información pública que es entregable a la Fiscalía, para que esta despeje sus dudas… en el mismo lenguaje que puede tener una investigación criminal”.
Para ello ha sostenido reuniones con el fiscal del Senado, Javier Norero, y —al menos— una cita de tres horas, la semana pasada, con el fiscal de la zona Metropolitana Oriente, Manuel Guerra.
El penalista —nacido en Chillán, licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales por la Universidad de Valparaíso (1990) y con un posgrado en Derecho Penal Económico— agrega que su labor puede ir más allá . “Si uno puede contribuir a que una investigación no derive necesariamente en una imputación penal o se aclare dónde no ha habido delito, entonces hay que cooperar en ese sentido. Es lo mismo que hacen las empresas. Esto es una suerte de compliance ; una suerte de prevención.
¿Para qué esperar el conflicto si es resoluble antes, dando explicaciones y aclarando?”, explica Manríquez, quien postuló a fiscal nacional en 2015 y actualmente es miembro de la Asociación Internacional de Derecho Penal y del Instituto de Ciencias Penales de Chile. También, desde mayo de 2016, cursa un programa que lo habilita para ser aceptado en la nómina de abogados litigantes ante la Corte Penal Internacional y la Corte Internacional de Justicia.
El penalista revela que le ha planteado a Guerra que existen distintos tipos de asesorías para que “pueda comprender cómo funciona el Senado”. “Las (asesorías) sujetas a secreto militar; las sujetas a secreto profesional, las que están bajo derechos de propiedad intelectual, las de fuentes abiertas, análisis y consejo político y las que proponen, definen o redactan mociones o proyectos de ley”, detalla.
Su trayectoria
No es primera vez que Manríquez trabaja para el Senado. En 2004 representó al senador Nelson Ávila quien fue sujeto de distintas peticiones de desafuero por delitos de injuria y por revelar un audio de un ex seremi. “Ganamos todos sus desafueros salvo uno en que fuimos a juicio oral y lo absolvieron”, recuerda.
Desde ahí se ganó una fama en materia de defensas ante solicitudes de desafuero. Otra de sus defendidas fue la ex diputada Laura Soto, en el marco de una investigación por desvíos de dineros en su campaña. En ese caso logró establecer una jurisprudencia, vigente hasta hoy, que permite a un diputado o senador mantener su fuero, a pesar de estar formalizado.
Y en 2016 también fue fichado por la Cámara Alta, luego de que la representante del movimiento Poder Ciudadano, Karina Oliva, presentara una querella ante el Juzgado de Garantía de Valparaíso acusando apropiación indebida en millonarios préstamos sin reajustes otorgados por las cámaras. En el mismo año, asesoró al Congreso por una denuncia por uso fraudulento de los viáticos, que finalmente se desestimó al igual que la denuncia por los préstamos.
También ha defendido a políticos en casos de financiamiento irregular. Fue defensor de la ex diputada Marta Isasi en el caso Corpesca, y —entre 2016 y febrero de 2018— fue el abogado de Marco Enríquez-Ominami en la investigación por presuntos delitos tributarios en el caso SQM y representó a Ripley en el caso Penta.
Pequeño sastre
Su trabajo para el Congreso lo obliga a repartir su tiempo entre Santiago y Valparaíso, ciudades donde tiene oficinas su estudio Manríquez & Benavides.
Por eso dice que su día parte a las 6 a.m. y que media hora después tiene “leída toda la prensa”.
Además del trabajo para el Senado, actualmente asesora a Codelco Ventanas por el episodio de contaminación en la zona de Quintero-Puchuncaví. También representa al diputado UDI Ignacio Urrutia en el caso que busca su desafuero en la Suprema por injurias por la ley de reparación a ex presos políticos —a raíz de un debate que sostuvo en la Cámara con la diputada Pamela Jiles— y es abogado de las asociaciones de casinos y notarios.
Cataloga su filosofía de trabajo como la de un “pequeño sastre”. “Me gusta trabajar muy encima de mis casos. Cuando uno es sastre de sus casos y maneja un caso de esa manera, eso exige moverse”
Fuente: Lasegunda.com