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En entrevista con Ahoranoticias, el abogado Juan Carlos Manríquez dijo que no han existido las garantías constitucionales necesarias para un debido proceso en el caso de la indagatoria más grande hecha contra el Ejército.

¿Qué pasó?
30 cuadernos de investigación y más de 36 procesados, entre ellos dos ex comandantes en jefe del Ejército: Juan Miguel Fuente-Alba y Humberto Oviedo. Estos son los números que hasta el día de hoy arroja la investigación más grande hecha contra el Ejército, liderada por la ministra en visita extraordinaria Romy Rutherford, quién en marzo del próximo año termina su periodo de investigación, para luego entregársela a otro juez que la Corte elija.

Sin embargo, este proceso ha estado lleno de trabas para la investigadora, sobre todo por los constantes requerimientos que cinco defensas han presentado en el Tribunal Constitucional. Pero la situación que más preocupa hoy es la del General (R) Oviedo, porque podría marcar un precedente en un futuro no muy lejano.

No todo está perdido
Según el Doctor en Derecho y profesor, de la Universidad Mayor, Sergio Peña, la jueza debe respetar las decisiones tomadas por el Tribunal Constitucional, pero puede seguir investigando: “Las manos de la jueza no están amarradas, pero si limitadas. No es un efecto jurídico directo. Ella puede analizar lo que ya tiene, puede revisar la información incautada y puede seguir trabajando”, explica.

En esa misma línea subraya que la investigación se rige por justicia militar, lo que le daría una ventaja: “Podría ordenar nuevas diligencias en principio rigiéndose por el código de justicia militar. Ese código es de la antigua judicatura penal y da muchas facultades al juez que está investigando. El punto es que no podría afectar a Oviedo”.

Mientras Carmen Luz Parra, decana de Derecho de la Universidad Pedro de Valdivia, argumenta que en esta situación sólo queda esperar la revisión del fondo: “En el actual escenario, la Ministra deberá esperar a que el TC en virtud de las facultades que la Constitución chilena y su ley orgánica del propio tribunal le entregan decida abordar el fondo del requerimiento de inaplicabilidad, acogiéndolo o bien rechazándolo”.

Garantías Constitucionales
Por su parte, el abogado penalista Juan Carlos Manríquez, opina que en este proceso no han existido las garantías constitucionales necesarias para un debido proceso: “Recurrir al TC configura una necesitad, porque los tribunales ordinarios de justicia y los superiores, deben adecuar su funcionamiento a las reglas y limites que establece la Constitución internacional”.

En esa misma línea es claro y enfatiza que no se cumple la independencia judicial: “A estas alturas el proceso penal militar por delitos comunes en manos de la ministra en visita extraordinaria, no cumple los estándares establecidos por la justicia internacional, los tratados y las recomendaciones en materia de independencia judicial”.

Fuente: Ahoranoticias