La irrupción de causas de financiamiento irregular de la política -desde el llamado caso Coimas de 2002- llevó a varios abogados a especializarse en estos temas. Pero en ese campo ya no basta el manejo de códigos y leyes; ahora han tenido que sumar la exposición mediática de sus clientes. Hoy los medios de comunicación, además de publicar antecedentes de los juicios, dan a conocer parte de las carpetas investigativas e incluso aportan pruebas, tal como ocurrió en los casos MOP-Gate, Penta, Caval, Corpesca y SQM.
Esto ha significado que además de sus conocimientos jurídicos -en materia penal, tributaria o civil-, han tenido que aprender a convivir con los medios y con el fenómeno de las redes sociales.
Alejandro Espinoza, Gabriel Zaliasnik, Juan Carlos Manríquez, Juan Domingo Acosta, Ciro Colombara y Carlos Cortés forman parte de este grupo de abogados más solicitados por los políticos.
Dueños de una clientela transversal (ver infografías de los cuatro primeros, que contestaron para hacer este reportaje), reconocen que este tipo de clientes llegan a sus oficinas por recomendación y -en el menor de los casos- producto de una relación de amistad.
Quizás no son los dueños de los grandes estudios jurídicos del país, pero han tejido una red de influencias tal que siempre son requeridos por figuras públicas en problemas, muchas veces de distintos colores.
Si bien todos remarcan que los políticos son como cualquier otro cliente, Alejandro Espinoza confiesa que «los abogados dedicados a este tipo de litigios, sabemos que esto es 24/7».
«A veces manifiestan ansiedades o preocupaciones que uno debe ayudar a manejar», agrega Gabriel Zaliasnik, mientras Juan Carlos Manríquez afirma que «hay que empatizar con ellos, ser dúctil y saber reaccionar a las urgencias y a sus tiempos también».
Cuidando el «capital reputacional»
Espinoza hace notar que «el ámbito comunicacional es muy relevante en la estrategia de defensa y por ende es parte de las materias que abordamos»,
Juan Domingo Acosta admite que ese factor es cada vez más importante, «no solo para las personas ligadas al mundo político, sino que para todos aquellos que tienen un capital reputacional que cautelar». De ahí que sea común que los clientes cuenten desde antes con asesores comunicacionales «con quienes debo entenderme para decidir sobre aspectos que involucren lo jurídico y lo comunicacional. Lo ideal es compatibilizar ambos aspectos».
Pero esos dos mundos no siempre están de acuerdo y muchas veces colisionan. Así lo reconoce Gabriel Zaliasnik: «Generalmente, el problema en los casos que afectan a políticos radica en que las prioridades comunicacionales pueden afectar estrategias judiciales. En ese sentido, es importante que el abogado tenga el mayor control posible del cliente para evitar perjuicios derivados de impulsos comunicacionales».
Explica: «A veces uno prefiere que el cliente guarde silencio o no se exponga a algunas actuaciones públicas, pero la necesidad del político de enfrentar la prioridad comunicacional puede dañar una estrategia judicial».
El riesgo, añade, es que «en la urgencia mediática se dan pasos en falso». Por ejemplo, señala, se termina pidiendo apurados algunas diligencias o se insta a un sobreseimiento que a esas alturas es prematuro.
«Cuando las cuestiones empiezan a decidirse por Twitter»
Manríquez cree que «a veces una lucha abierta en los medios puede azuzar una estrategia más comunicacional que jurídica y resistir más tiempo a la espera de que los vientos cambien».
Pero, agrega, «por otro lado, cuando las cuestiones políticas comienzan a decidirse única y exclusivamente por las tendencias de Twitter, también puede afectar las estrategias legales. Entonces, todo depende. Pero si el consejero está convencido de que esa estrategia legal debe superponerse a la mediática, debe decirlo. Y si (el cliente) no está de acuerdo, hacerse a un lado».
Este abogado también admite que las filtraciones de las diligencias «afectan mucho y hay que tratar que ello no se convierta en un prejuzgamiento artero. De ahí que el apoyo de los encargados de las comunicaciones (de los clientes) o sus equipos expertos sea también un insumo relevante en sus defensas».
Con arancel y pro bono
Los honorarios siguen siendo un tema tabú entre los abogados. Especialmente entre los más requeridos.
Como referencia, el arancel de la Defensoría Penal Pública establece por un juicio oral de hasta siete días un cobro de $4 millones 245 mil (87,36 UTM) más $116 mil por día adicional. Y cuando se trata de un procedimiento abreviado el costo es de $1 millón 780 mil (36,7 UTM).
La mayoría no lo aborda públicamente, porque «es un tema privado y confidencial entre el abogado y el cliente» (Acosta), que «se acuerda al inicio de la relación profesional, como con cualquier cliente» (Espinoza).
Zaliasnik asegura que «usualmente en el caso de políticos chilenos ha sido pro bono (gratis). Me he incorporado a defensas o representaciones por consideraciones de amistad o porque he creído que hay un despropósito en las acusaciones que se les formulaban».