En entrevista con Quintavisión, el abogado Juan Carlos Manríquez abordó el estallido social y cómo ha funcionado el sistema judicial. También se refirió al reconocimiento internacional que por tercer año consecutivo recibió por la publicación estadounidense Best Lawyers.
Tras el estallido social en Chile, mucho se ha hablado respecto al funcionamiento del Poder Judicial y el Ministerio Público en causas vinculadas a saqueos, robos, daños y violaciones a los derechos humanos, cuestionando –en ocasiones- su actuar.
Sin embargo, en este escenario -según explica el abogado Juan Carlos Manríquez en entrevista con Quintavisión- se ha podido observar que los poderes han funcionado de manera autónoma, lo que evidencia que “todavía en Chile tenemos un Estado de Derecho”.
“Hemos tenido la presencia de organismos internacionales de control de derechos humanos, como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), entre otros, y todos han constatado un tema que es muy relevante y es, que a pesar de todo, los tribunales siguen funcionando con independencia y la fiscalía sigue trabajando. Podemos tener diferencias de apreciación o crítica, pero eso es muy relevante (…) ese es un elemento que tenemos que cuidar y hacer valer y -en lo posible- reforzar, porque cuando se terminan esas limitaciones -que son la última muralla antes de la fuerza bruta o el abuso- lamentablemente se inician procesos sociales que terminan muy mal”, detalló el abogado.
En la misma línea, instó a no criminalizar las manifestaciones, argumentando que hay que diferenciar respecto de quienes se manifiestan pacíficamente a quienes se dedican a delinquir en el marco de las protestas sociales.
“Hay que distinguir al manifestante que marcha sin causar daños, ni vandaliza, ni quema, ni roba. Respecto de esas personas, hay un acuerdo en todas partes del mundo que dice que ellas no necesitan ser reprimidas por la fuerzas policial y de ninguna especie, porque son personas que están ejerciendo el derecho constitucional a manifestarse libremente y a reunirse de manera pacífica y sin arma”, aseveró Manríquez, agregando que “esas personas no pueden ser reprimidas”. “Y si por la razón que fuere, agentes del Estado, la policía u otros, reprimen sin justa causa, eso constituye una grave vulneración de derechos cívicos. Y si es generalizado o sistemático, estaríamos frente a una violación de derechos humanos que puede ser perseguida por la justicia internacional de derechos humanos regional, como la CIDH, o si es mucho más complejo y se trata de delitos de lesa humanidad con una política generalizada y sistematizada, en la Corte Penal Internacional (CPI)”, continuó.
Y añadió que “por otro lado, hay que distinguir a aquellos que se descuelgan de estas marchas, que la utilizan como paraguas, y que de alguna manera ya tienen un ‘timing’ conocido, es decir, se suman a la marcha, llegado el minuto se separan de ella, azuzan al descontrol, prenden una barricada, después se enfrentan directamente con la fuerza policial, y esa cortina es la que provoca -en la condición exacta- para que entren a saquear”.
“Respecto de esto, nadie puede poner en duda tampoco, que se puede –y se debe- ejercer todos los medios de control y las conocidas reglas de uso de la fuerza, proporcionales y progresivas en la medida en que el control del orden público lo requiera. Y en medio de esto, está el conflicto”, apuntó el jurista, mencionando varios recursos de protección que han generado incertidumbre y que –a su juicio- “han generado más oscuridad que claridad”.
Best Lawyers
En la instancia, Juan Carlos Manríquez también se refirió al reconocimiento internacional que por tercer año consecutivo recibió de la publicación estadounidense Best Lawyers, enfatizando que “es un motivo para sentirse agradecido de todas las personas que trabajan con uno”, detallando que se trata de un ranking hecho por los pares, es decir, abogados son quienes votan por profesionales de su misma línea, reconociéndolos por su trayectoria y especialidad.