Durante la última edición de la Feria Open Mining Day, en Coquimbo, el especialista en Derecho Penal Económico y litigante en la Corte Penal Internacional, Juan Carlos Manríquez, se refirió a al papel del Estado y de las empresas ante riesgos ambientales.
En un escenario económico nacional en el que la minería cumple un rol importante, se han detectado varios conflictos entre empresas y comunidades producto de contaminantes que -el algunos casos- se han registrado como resultado de las faenas, especialmente, en la extracción de cobre.
Por ello, según explicó el abogado Juan Carlos Manríquez, “hoy el Sistema Penal, haciéndose cargo de la realidad y particularmente del tratamiento de la sanidad del ambiente como un derecho fundamental, ha avanzado y se ha tenido que entrometer en las faenas y en la operación de la minería en general”.
“Se ha debido instalar lógicas de modelos de prevención, evitación y cuidado, es decir, anticipar la acción del sistema legal ya no a la reparación del daño, sino que a evitar –incluso- la generación de riesgos desaprobados tanto para la vida animal; la salud vegetal; la sanidad de las aguas; y de los suelos, subsuelos y del aire”, agregó Manríquez al diario El Día.
En la misma línea, detalló que actualmente existe “una gran cantidad de instrumentos internacionales que hace que Chile y las empresas que aquí trabajan, adopten una cultura de evitación y cuidado a través de un eficiente modelo de prevención y no de daño”, tales como el Tratado de Roma, la Corte Penal Internacional, las Convenciones del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Fundamentales y una serie de otras convenciones suscritas por el país como Basilea y otras que apuntan a la protección de medios antárticos, de aguas y océanos.
“En consecuencia, hoy hay exigencias mayores y más específicas que recaen sobre la empresa en su globalidad, ya sean empresas pequeñas, medianas o grandes”, recalcó el abogado, quien participó como expositor en la última edición de la Feria Open Mining Day, en Coquimbo, que se llevó a cabo el pasado 12 de diciembre.
Respecto a cómo han debido reaccionar las firmas del rubro, Juan Carlos Manríquez aseveró que “en general, todas han tenido que adecuar sus procesos y hacerse cargo de estos temas, no solo a través de sus departamentos jurídicos, sino que también de sustentabilidad e ingeniería ambiental, adaptándose –por ejemplo- a las normas de emanaciones de la Organización Mundial de la Salud en materia de gases tóxicos o de otras emanaciones de productos de fundición, refinación o de chimeneas asociadas a los proceso mineros”.
Por último, el abogado y socio del estudio MBCIA, se refirió al papel del Estado en estos procesos, enfatizando que “ha tenido una función y muy relevante”.
“Primero, en el cumplimiento de sus propias obligaciones pues es un sujeto obligado -a nivel internacional- que debe responder ante la comunidad internacional por otorgarle a las personas la protección eficiente y de vida, de la garantía de vivir en un ambiente libre de contaminación. En consecuencia, si el Estado no cumple con esas obligaciones, puede verse expuesto ante una denuncia internacional e incluso una condena, pues internamente, los propios habitantes de un país pueden ir a la Comisión Interamericana o al Tribunal Europeo de Derechos Humanos –en caso de Europa- a reclamar la protección del sistema global cuando el Estado no cumple”, puntualizó el jurista.