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En entrevista con radio Biobío, el abogado Juan Carlos Manríquez detalló la serie de eventos desafortunados que permitieron que el ciudadano colombiano Víctor Gutiérrez, principal sospechoso del asesinato del empresario Alejandro Correa, no fuera expulsado del país a pesar de tener una condena, un proceso judicial en curso y una situación migratoria irregular.

Un reportaje de Radio Biobío reveló que el ciudadano colombiano Víctor Gutiérrez, investigado como el presunto sicario que dio muerte al empresario de la V Región Alejandro Correa, podría haber sido expulsado del país mucho antes del crimen del ejecutivo, pero una cadena de errores de policías, fiscales y tribunales le permitieron seguir en el país, supuestamente, transformarse en un sicario.

Al respecto, el abogado Juan Carlos Manríquez -socio del estudio MBCIA- explicó la cronología de los hechos y cuál era la situación del imputado al momento del crimen.

Según explicó, Vargas “tenía un estatus migratorio irregular puesto que había ingresado por un paso no habilitado”, lo que implicó que los organismos correspondientes no pudiesen hacer coordinaciones previas para identificar la situación migratoria de Vargas.

Sin embargo, agregó Manríquez, “el asunto comienza a tener alguna consideración mayor puesto que esta persona comete en Chile un primer acto ilícito y entonces, para poder ponerlo a disposición de la justicia, era necesario generarle un Rut para poder ingresar a la audiencia e incluirlo a los sistemas de la Fiscalía y el Poder Judicial”.

“Desde ese minuto, en que se crea un número para un extranjero no residente en Chile, automáticamente uno puede advertir que ese extranjero- no residente- está en el país y que no tiene un estatus migratorio, en consecuencia, podría haber sido expulsado en esa oportunidad”, agregó el abogado.

¿Cuál fue el problema?

El problema, de acuerdo a Manríquez, es que la expulsión de extranjeros indocumentados a nivel internacional, ha tenido un tratamiento bien diferentes, es decir, dependiendo de si es por razones humanitarias, de salud o económicas. “En este caso, esa persona estaba siendo sometida a un proceso judicial, razón por la cual había que esperar que culminara y dependía de la pena asignada, si la persona podía ser expulsada o no”, explicó.

En la misma línea, Juan Carlos Manríquez apuntó a que “falló el principio de coordinación” entre los organismos involucrados, es decir, policías, fiscalía y tribunales.

“La Constitución y la Ley dice que todos los órganos del Estado deben actuar coordinadamente con el objeto de cumplir sus fines con la mayor celeridad y –obviamente- respetando la dignidad de las personas y tratando de no vulnerar los derechos humanos de los migrantes. Pero en este caso, estamos hablando de un migrante ilegal que estaba cometiendo delitos. Lo que ocurre hoy, en la práctica, es que muchas personas extrajeras que cometen delitos más graves, particularmente delitos de asaltos, están negociando procedimientos abreviados puesto que la pena es más alta, entonces se les rebaja la condena y la cambian por una expulsión, de tal manera que la condena la cumplen en el tiempo en prisión preventiva que pasan en Chile. En el caso del imputado Víctor Gutiérrez eso ni siquiera fue posible porque esta persona, según sabemos, tampoco cumplió un tiempo considerable en prisión preventiva”, aseveró.

Escuche la entrevista completa.