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Los plazos de este proceso se podrían superponer con las primarias para la Presidencia, cuyas precandidaturas deben presentarse en mayo de 2021.

No es el primer político que pasa por estas instancias en un año electoral. Sin embargo, en las próximas instancias judiciales que se avecinan para el senador Manuel José Ossandón no solo está en riesgo su interés de postular el próximo año a la Presidencia o de ir una reelección senatorial. Incluso, podría estar en juego toda su carrera política.

En las próximas semanas, el senador será formalizado debido a la denuncia de tráfico de influencias que presentó su primo y alcalde de Pirque, Cristián Balmaceda (ex RN). A Ossandón le atribuye haber hecho gestiones para que se le renovara un contrato de extracción de áridos en el Río Maipo a la empresa Cavilú, que pertenece al hijo del senador.

Si bien la formalización por sí sola no le afecta legalmente en sus aspiraciones políticas, genera un daño reputacional y abre una seguidilla de pasos judiciales sí ponen en jaque a Ossandón.

Por ejemplo, el tiempo que puede demorar este proceso se podría superponer con el inicio de las elecciones primarias para la Presidencia de la República, cuyas precandidaturas deben presentarse el 5 de mayo de 2021. En el caso de una reelección senatorial, la declaración de candidaturas se debe realizar el 23 de agosto del próximo año.

El penalista Alfredo Morgado (concejal PPD en Santiago), dice que, ‘en los hechos’, por ahora solo le afecta en ‘la opinión ciudadana’, lo que ‘puede coincidir con el tiempo electoral’.

‘El hecho de que el fiscal haya pedido la formalización, da cuenta que, a juicio del órgano persecutor, hay antecedentes sólidos para hacer esta imputación que esa bastante grave’, comenta el exfiscal Carlos Gajardo.

‘Si hay gente que quiere ver caer a mi hermano, deberá tener mucha paciencia. Mi hermano no es de rendirse. Hay cosas que no se quiebran ni se compran. Una de ellas es la decencia, que a mi hermano le sobra’, escribió en Twitter la diputada Ximena Ossandón.

Riego de un desafuero

Una vez que sea formalizado, si el senador Ossandón persiste en su estrategia judicial defensiva, al fiscal tal vez no le quedaría más alternativa que solicitar su desafuero para hacer diligencias, como levantar el secreto bancario.

Esa solicitud -que implica iniciar una suerte de juicio paralelo, primero con el pronunciamiento de una corte de Apelaciones y luego con la Corte Suprema-, alargaría seis meses el proceso por tráfico de influencias.

El abogado penalista Juan Carlos Manríquez, quien ha asesorado a otros parlamentarios, le recomienda al senador concurrir a la audiencia de formalización y colaborar. ‘Si él se resiste, el Ministerio Público podría pedir su desafuero’.

Manríquez comenta que, en su experiencia, la solicitud de desafuero usualmente demora seis meses. Agrega que los casos de tráfico de influencias también duran cerca de seis meses, lo que se toparía con el calendario electoral.

El desafuero, no obstante, no le impediría ser candidato, pero existen dudas de que pudiera asumir si es que gana.

El abogado Mario Zumelzu, quien ha llevado casos similares, dice que ‘con el desafuero queda suspendido del cargo, pero no le impide postular. Mientras no esté condenado, no pierde sus derechos ciudadanos. Podría darse el caso que, estando desaforado y no condenado, gane una elección y no podría asumir’.

La acusación

En el corto plazo, sin embargo, lo que sería más complicado para el senador es que la Fiscalía, después de la formalización decida establecer una ‘acusación’ (medida distinta y adicional al desafuero). Ese impedimento está establecido en la Constitución, en su artículo 16°.

‘Cuando hay una acusación, esa persona no puede ser candidata’, advierte la profesora de Derecho Constitucional de la UAH, Claudia Sarmiento.

Zumelzu añade que ‘la prudencia indica que si llega la fecha de inscripción de candidaturas y él está con formalización vigente, con un proceso ad portas, lo más probable es que no se presente’.

Manríquez, sin embargo, le sugiere una salida: Recurrir a la Corte Interamericana de DD.HH. para defender su derecho político de ser elegido.

Si el juicio avanza, los riesgos podrían ser mayores. Incluso el Código Penal establece que ‘el juez podrá imponer la pena de inhabilitación absoluta perpetua para cargos u oficios públicos’.

Fuente: La Segunda