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Por Juan Carlos Manríquez R., Socio del Estudio de Abogados MBCIA, LLM (CWSL, USA); Profesor LLM UC, Especialista en Derecho Penal Económico y de la Empresa (UC-LM, España), AD en Derecho Penal Internacional (Siracusa, Italia) Litigante ante la Corte Penal Internacional (La Haya, Holanda).

El Estado de Excepción Constitucional por Emergencia Sanitaria debido a la pandemia por covid19 termina el 30.06.2021, si es que las condiciones lo permiten, y tanto la Corte Suprema, el Ministerio de Justicia y el Parlamento, junto a los Colegios de Abogados, han manifestado su preocupación por la enorme cantidad de audiencias diferidas en áreas tan sensibles como son los asuntos de Familia, Laborales y Penales.

Esos procesos de algún modo han podido avanzar, pero las causas civiles han sufrido un enorme rezago.

El desafío para todos los operadores del sistema legal es tremendo, y más aún, considerando lo preceptuado en el art. 5 inciso 2 de la Constitución, y por esa vía, enfrentados a la obligación internacional de cumplir con lo pactado en la CADH y en el PIDCP, en cuanto a que todo obstáculo que demore o impida el acceso a la Justicia debe ser removido con celeridad, cuando es posible, hacer realidad la Tutela Judicial Efectiva de los derechos de los justiciables no será nada de fácil, y quizás, tampoco oportuno.

Si bien el estándar de actuación de los órganos de justicia en “plazo razonable” no es una regla positiva del derecho internacional de los DDHH, si es un principio rector que debe observarse por los Estados signatarios de las Convenciones indicadas y en Chile   debe serlo a consecuencia del texto constitucional por toda autoridad, órgano o persona, por cuanto es un componente primordial del “Debido Proceso” (Digesto: 2020, Comisión Int DDHH).

La telemática, la digitalización de los procesos y de las audiencias han sido la primera forma de operar en el país desde abril de 2020. Las leyes 21.226 y 21.227, así como las Actas 13, 41 y otras de la Excma. Corte Suprema han regulado esta realidad que es, para citarla, uno de los mejores ejemplos de una “fuente material” del Derecho que pueda hallarse fuera de los textos de Ciencia General. Por eso es que todo lo aprendido en este tiempo, así como las destrezas adquiridas o desarrolladas para tratar con las herramientas que nos entrega la Inteligencia Artificial (IA), la Predictibilidad Algorítmica y la “Presencialidad Remota” no pueden quedar fuera del análisis del legislativo y del Gobierno colegislador al momento de diseñar soluciones normativas para el retardo procesal y afrontar la avalancha post Covid.

En materia civil, la reforma en curso debe considerar la generación, percepción y examen de la prueba digitalmente obtenida mediante plataformas informáticas que hacen más fácil compartir planos, fotos, pericias y gráficos que extenderlos sobre mesones de madera del S. XIX, que por piezas de ebanistería que sean y de alto valor histórico, ya no son el mejor soporte. Los jueces civiles y mediadores, asistidos por uno o dos funcionarios especializados podrían despachar miles de audiencias detenidas de menor complejidad mediante una agenda digital formada meses antes con día y hora aceptada por ambas partes, con escasísimas posibilidades de re agendamiento y con sanciones duras para el litigante de mala fe o para el abogado que las procrastine sin más razón que molestar a los otros.

Si se quiere reformar los procesos civiles, mírese el futuro que llegó adelantado 15 años y superemos modelos escritos, añejos y lentos. La Comunidad Europea ya está haciendo lo suyo.

En materia penal, la APP sobre Predictibilidad Algorítmica de escenarios y resultados potenciales desarrollada para las audiencias que la Defensoría Penal Pública ha puesto en funcionamiento piloto es una muestra de que la IA ya está presente en el sistema de justicia nacional.

Igual técnica de detección de patrones e ideas-fuerza que pueda agrupar y procesar criterios a través de algoritmos cabría ser aplicada en la Sistematización de Líneas Jurisprudenciales que la Excma. Corte Suprema lleva adelante con el trabajo de varias Universidades, a cargo de la ex Ministra de la Corte Dña. María Eugenia Sandoval (el llamado “Proyecto Buscador Integrado (IA) de la Corte Suprema”) haciendo así mucho más eficiente la preparación del litigio o la evaluación de la probabilidad de cómo un caso podría ser resuelto o desestimado, lo que bajaría de manera relevante la incerteza o alta variación de criterios para casos casi idénticos, facilitando la gestión de jueces y abogados.

En los alegatos en las Cortes Superiores y en primera instancia una conexión remota ha permitido a los intervinientes seguir siendo representados por los abogados que mejor conocen el caso desde el origen, sin tener que gastar enormes sumas de dinero en viajes o alojamiento para ver suspendidas sus audiencias muchas veces sin la deferencia contraria del aviso oportuno, y/o por todo eso, verse privadas de acceder a la Justicia al carecer de dinero para costear la pesada carga del litigio.

En el Colegio de Abogados de Valparaíso ya en 2015 habíamos propuesto que determinadas actuaciones simples (como anuncios para alegar y comparecencias desde San Antonio o San Felipe) se hicieran por mail o video llamadas, para acercar la Justicia a las personas, cuando hubo largas demoras en los tiempos de desplazamiento por arreglos en las carreteras, pero fue en el sur de Chile donde se les dio su primera oportunidad, y vean donde estamos hoy, en que Microsoft ha dado a conocer su herramienta de reuniones con holografías de realidad aumentada, y quizás así dentro de poco se harán también la mayoría de los alegatos.

¿Tiene algún sentido que todas las audiencias concentradas, las de salidas alternativas, formalización, simplificados con admisión, abreviados o APJO más sencillas o en las que hay acuerdo obliguen a todos los intervinientes a moverse con largas horas de tiempo muerto al Centro de Justicia de Avenida Pedro Montt o a otros edificios del país si se pueden hacer por zoom u otra plataforma similar?

El punto más complejo parece no ser ese, sino qué se haría para reconvertir ese espacio que quedaría ocioso y cómo resolver el gasto fiscal de mantener un edificio que habría perdido su utilidad inicial en un alto porcentaje de ocupación y con un leasing de largo aliento de por medio.

Dado que el futuro se adelantó 15 años, y que cuidando de la seguridad y la privacidad del tráfico jurídico en balance con los derechos fundamentales de los justiciables, insistir en modelos de justicia y servicio judicial de hace más de un siglo carece de sentido, sería muy razonable tomarse en serio que llegó el momento de adoptar los cambios que son realmente urgentes para que la Justicia (con mayúscula) sea un bien alcanzable y concreto incluso para los que están físicamente lejos de los centros urbanos.

El ciudadano digital hoy es menos virtual y a cada momento más real, algo que nuestras autoridades judiciales, parlamentarias y gubernamentales seguramente no ignoran y por eso actuarán en consecuencia.

Fuente: Enestrado.com