Por tres votos contra dos, el tribunal de alzada militar acogió el recurso de apelación de la defensa del ex Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez, porque a su juicio la magistrada no ha reunido los antecedentes suficientes para imputarle el delito de fraude al fisco. La magistrada apunta a que el ex jefe castrense habría desviado a sus arcas personales más de $44 millones. La Corte, de hecho, le ordenó realizar un nuevo peritaje contable, ya que sostienen que durante esta etapa investigativa no se ha acreditado el perjuicio causado.
Estaba a cuatro días de entregar el mando en una cuidada ceremonia en la Escuela Militar. Era el 1 de marzo y el entonces comandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez preparaba el traspaso de mando a su sucesor, el general Javier Iturriaga. Pero sus planes se verían seriamente modificados. Ese día llegó a su oficina la carta que no habría querido nunca quiso leer: la ministra en visita Romy Rutherford lo citaba a declarar en calidad de inculpado por el fraude institucional en la arista “empresas de turismo”, la hebra investigativa del caso que descabezó, desde 2018, a gran parte del mando de la entidad uniformada.
Con esa citación ya cursada, y sin mucho más que hacer -aunque posteriormente se aferró a una serie de trámites judiciales para dilatar su comparecencia- Martínez tomó la decisión de renunciar a la institución, a cuatro días de cumplir su periodo, y ya siendo un general en retiro fue procesado por la presunta defraudación de $44 millones, quedando privado de libertad por tres semanas en el Batallón de Policía Militar. Casi como un mero trámite, el 5 de abril, su abogado, Juan Carlos Manríquez, apeló al encausamiento en la Corte Marcial y hoy ese trámite tuvo sus frutos: el tribunal marcial revocó la resolución de la magistrada, apuntando a que no se ha acreditado en su indagatoria los perjuicios causados al fisco. En simple: Martínez vuelve a ser un hombre libre.
Hace dos semanas el caso se puso en tabla en la Corte Marcial, donde el Consejo de Defensa del Estado (CDE) pidió la inhabilitación del ministro integrante que representa al Ejército, Isaías Martínez, dado que también estaba siendo indagado por la jueza por la presunta utilización de recursos públicos para un viaje en Europa. Una semana después, el tribunal de alzada militar volvió a postergar la decisión sobre el recurso de apelación, hasta la tarde del jueves, que la sala tomó una decisión que se transformó en un verdadero salvavidas para el excomandante en jefe y un duro revés judicial para la jueza Rutherford.
Por tres votos contra dos, la Corte Marcial revocó el procesamiento de la ministra en visita, acogiendo los alegatos de la defensa del general (R), los cuales estuvieron basados en que los montos de la defraudación eran inexactos, que los viajes irregulares imputados estaban prescritos y que habría devuelto US$ 400 a la cuenta que el Ejército tiene para estos fines. El CDE, por su parte, reclamó que había un informe de la PDI que determinaba la magnitud de los perjuicios fiscales y que fueron ocho los hechos que fundaron el procesamiento de la jueza.
Pero la exposición del CDE no logró convencer a tres de los cinco ministro de la Corte Marcial, por lo que de esta manera, estuvieron por revocar: la representante del Ejército, la coronel Paula Videla; el oficial de la Fach, Francisco Costa, y la integrante civil, la ministra de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic. En contra de la apelación de Martínez estuvo el coronel de Carabineros, Álvaro Castillo, y el otro juez civil, Juan Muñoz.
Según la resolución final del tribunal de alzada militar, a la cual accedió La Tercera PM, “por no reunirse de los antecedentes hasta ahora allegados al proceso, requisitos exigidos por el artículo 274 del Código de Procedimiento Penal, en tanto no se encuentra acreditada la existencia y monto de los perjuicios efectivamente causados, se revoca el auto de procesamiento apelado de 5 de abril de 2022 (…) y en su lugar se declara que Ricardo Marcelo Martínez Menanteau, no es procesado en esta causa, por ahora, como autor del delito de fraude al Fisco”.
Además de revocar el procesamiento de Rutherford, el tribunal pidió a la jueza un informe pericial para determinar los montos que se le imputaban al general (R): “La señorita ministra en visita extraordinaria decretará la práctica de una pericia contable a fin de determinar la existencia del perjuicio fiscal y el monto al cual este ascendería”, dice la resolución. Distintos intervinientes del caso miraron con extrañeza esta diligencia, dado que en el expediente del caso ya existe un peritaje de este tipo evacuado por la Brigada Anticorrupción de la PDI, adjuntado en el procesamiento al oficial en retiro.
El abogado del general (R), Juan Carlos Manríquez, sostuvo que “esto demuestra que no existía mérito ni razón suficiente para poner al excomandante en jefe en calidad de procesado, dado que quedó demostrado ante la Corte Marcial que el auto de procesamiento era incompleto y desde ese punto de vista, una resolución completamente injusta”
En el Ejército, por ahora, algunos respiran aliviados, y otros, quieren dejar de escuchar del caso, pero esta pretensión está lejos de concretarse, pues resta un largo camino judicial por concretarse, más en la arista que involucra al general (R) Martínez ¿Por qué? Ahora será el CDE quien tendrá que definir si recurrir de queja ante la Corte Suprema para lograr revertir la decisión del tribunal militar.
Fuente: Latercera.com