A eso de las 07:00 horas del martes 2 de agosto, de manera simultánea, tres equipos de la FNE, acompañados por Carabineros, llegaron hasta los domicilios de Jaime Wilhelm, gerente general de Dreams; Henry Comber, presidente de Enjoy, y Nicolás Imschenetzky, presidente de Marina del Sol. El procedimiento se extendió por más de cinco horas, y en él se incautaron dispositivos personales, como teléfonos celulares y computadoras, además de un sinnúmero de documentos y archivos. ‘Fue una sorpresa para mí, una situación incómoda para la familia, pero les proporcioné todo lo que necesitaban. No tengo nada que ocultar. Nosotros hemos sido los únicos operadores que hemos generado competencia en el mercado’, comenta Imschenetzky. El empresario relata que ‘a mi casa llegaron siete u ocho personas de la FNE, y venían con camisetas que decían Equipo 3. Estuvieron hasta pasado el mediodía, porque bajaron hasta los planos de los casinos, lo que tomó tiempo’. El empresario se apresura en descartar la existencia de un cartel. ‘Es imposible en esta industria, porque tenemos separación geográfica. Otra cosa es que cada uno de los operadores defienda su posición, sus plazas. Eso es claro’.
El 50% de los casinos de Marina es propiedad de la firma canadiense Clairvest. Imschenetzky dice que ‘a mis socios les expliqué lo que había pasado, pero estamos tranquilos’.
La asociación de casinos también en la mira
El foco de la investigación de la FNE, además de estar puesto en los tres mayores operadores de la industria del juego, también se centra en el gremio que los reúne. La semana pasada, un día después del allanamiento a los domicilios de los altos ejecutivos, el equipo de la fiscalía y efectivos policiales se apersonaron a primera hora en el domicilio de Rodrigo Guiñez, gerente general de la Asociación de Casinos. Fuentes cercanas al gremio confirman que ‘efectivamente él fue requerido’, aunque aseguran que ‘estamos tranquilos’. En la entidad niegan actuaciones conjuntas o coordinaciones al interior del gremio. ‘La asociación no ha tenido intervención ni directa ni indirecta que pudiera significar algún ilícito contra la competencia o acuerdos colusivos’, aseveran.
Fuentes vinculadas a la entidad argumentan que ‘lo primero que hay que entender es que la industria de casinos es un monopolio legal’. Segundo, dicen, ‘las ofertas que se presentan por los casinos son públicas y si no llega ningún oferente extranjero, es porque el mercado no es lo suficientemente atractivo’. Y tercero, mencionan, ‘no se puede confundir colusión con lo que fue la posición mayoritaria de la industria en 2020, cuando de manera consensuada se solicitó a la autoridad reguladora y al gobierno de la época que para la licitación se respetaran las condiciones mantenidas en la ley con la cual se adjudicaron los permisos, en 2006’.
La estrategia legal
Durante los allanamientos de la semana pasada, los personeros de la FNE entregaron a los cuatro ejecutivos copias de la resolución judicial firmada por cuatro abogados que forman parte del equipo de la Unidad Anticarteles del organismo antimonopolio, que lidera Juan Correa.
Apenas concluidos esas diligencias, los requeridos comenzaron a preparar posibles escenarios legales y armar su estrategia, ‘aunque no tenemos mayor información sobre qué en concreto está investigando la FNE’, afirma un ejecutivo de una operadora.
Por el lado de Enjoy (Henry Comber), la asesoría está radicada en José Miguel Huerta, de Claro & Compañía; en Marina del Sol, Nicolás Imschenetzky confirma que trabajarán con Javier Velozo, exministro del Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC). A Dreams (Jaime Wilhelm) lo asesora Julio Pellegrini. La defensa de la asociación y de su gerente Rodrigo Guiñez la lidera el abogado Juan Carlos Manríquez.
En la industria detallan que hay tres expedientes. ‘Uno público, que corresponde a la fase 1 del análisis de la FNE de la fusión Enjoy-Dreams; otro que forma parte del secreto de las partes, que es la presentación previa de la FNE solicitando medidas intrusivas a la Corte de Apelaciones de Santiago, que está con doble reserva, y un tercero que corresponde a la ampliación por 90 días del plazo de análisis de la fusión, que vence el 20 de septiembre’, precisa un abogado.
Otro abogado admite que ‘todos estamos mirando con dos ojos esta investigación. Si se llegara a probar que hubo un acto colusivo, además de la sentencia de libre competencia, ahora —y a diferencia de lo que ocurrió con la colusión de las farmacias, pollos o el papel—, se podría ejercer además una acción penal’.
En la industria también creen que la investigación podría tener efectos en la fusión Enjoy-Dreams. ‘Esto planta una duda, la operación se pone cuesta arriba y se complica en el contexto actual, porque objetivamente el grupo integrado quedaría con el 63% del mercado, una concentración grande’, admite una fuente cercana a una operadora.
El factor Talca
La investigación que abrió la FNE es reservada. Diversas fuentes de la industria confirman que partió en febrero por una denuncia de una coordinación en la postulación de las plazas que se licitaron (coincidentemente con el inicio del análisis de la fusión Enjoy-Dreams). Varias fuentes consultadas mencionan que en aquella licitación los grandes operadores levantaron la estrategia de cuestionar la ley que la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) estaba aplicando, mientras que un operador que estuvo distante fue Casino de Talca, cuyo gerente general es Lientur Fuentealba Meir, quien presidió el gremio en el pasado.
Coincidentemente, Talca es una plaza que ha sido foco de conflicto en la actualidad, en el marco de la última licitación, concluida el 5 de agosto, donde la SCJ renovó 10 plazas. En esa plaza, el grupo Marina del Sol, que había postulado, quedó fuera. ‘El 22 de julio nos llegó una resolución de la superintendencia informando que no habíamos calificado en la primera etapa en Talca, por un incumplimiento de un requisito legal, poniendo término a la evaluación del proyecto que habíamos presentado. Obviamente, no estamos de acuerdo y el 4 de agosto interpusimos un recurso de reposición a la SCJ. El proceso lo paralizó la autoridad y está estudiando nuestro requerimiento. Esperamos que reconsidere’, explica Imschenetzky.