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Tomas dan origen a una indiscriminada venta de casas que se ofertan a través de internet

Penalistas hablan de que, más allá de un problema social, evidencia ‘lucro ilegal y crimen organizado’, mientras que autoridades hablan de aplicar y mejorar leyes que permitan el desalojo y castigos adecuados.
Al otro lado del fono, una voz caribeña afirma: ‘La casa le vale $7 millones. Se la vendo con todo lo que tiene amoblado. Con luz, agua, servicio de aguas negras por tuberías. Toda la casa hecha completamente con materiales nuevos, nada de segunda. Tal como la ve se la entrego’.

Los detalles son proporcionados por un extranjero que contesta el número de celular que acompaña al siguiente aviso que figura en Facebook: ‘Vendo cómoda casa en toma ubicada en Reñaca Alto. Buena ubicación, cercana a la entrada principal, movilidad. Consta de 2 cuartos, baño, amplia sala, espacio para guardar auto. Bases reforzadas para un segundo piso’.

¿Se la puede inscribir en el Conservador de Bienes Raíces?

‘Eeeh, la legalidad del terreno donde está construida la casa, porque es una toma, está en conversaciones de compra. Con el propio dueño y junto con la municipalidad. Hay una junta de vecinos que está organizando todo y pronto van a darle documentos a cada lote’.

El vendedor admite que es venezolano y que desea vender porque ‘el tema de los papeles está súper difícil’ y teme ser expulsado. Que la toma es del sector de Villa Rukán de Viña del Mar, lleva cuatro años y que él le compró el sitio a uno de los usurpadores, una mujer que perdió su casa en un incendio. Que él contrató una máquina para aplanar el terreno y al maestro que construyó bajo su supervisión. ‘Le entrego con todo lo que está: tres televisores de pantalla plana (un Smart TV de 45 pulgadas), nevera, microondas, todo’, enfatiza.

Su oferta no es aislada, pues por Facebook se promocionan casas a $12 millones en tomas de Reñaca Alto; a $5,5 millones en toma de Pompeya Sur (Quilpué) y en Forestal Alto (Viña del Mar), entre docenas de otras publicaciones de tomas en la Región de Valparaíso, profusas en fotografías, detalles de dimensiones de los inmuebles, su cercanía a centros de salud y a la locomoción colectiva y posibilidad de ampliaciones. No ocultan su origen ilegal, pero prometen una regularización en camino.

El ministro de Vivienda, Carlos Montes, calificó que estas ventas son un ‘engaño’. ‘Venden terrenos de los que no son propietarios ni tienen ningún antecedente. Simplemente, engañan a la gente y entregan escrituras o terrenos. La gente cree que está comprando y le están vendiendo terrenos sobre los que no tienen ninguna capacidad de venta. Eso ha ocurrido y está ocurriendo también en Valparaíso’, expresó.

‘La ley impide a los notarios y conservadores registrar derechos. Algunas notarías lo siguen haciendo, a pesar de que la ley se los impide’, agregó.

Para el penalista Juan Carlos Manríquez, esto evidencia que tras el fenómeno no solo hay problemas sociales, sino ‘lucro ilegal’ y ‘una actividad criminal de usurpación y loteo clandestino’. ‘Es una empresa perversa, como se llama en derecho comparado a organizaciones criminales que cometen delitos contra el territorio, ambientales y económicos’, afirmó.

Para la académica de Derecho Urbanístico de la UCV Jeanette Bruna, estas ofertas confirman las debilidades del sistema y se convierten en un ‘incentivo perverso para las familias, en desmedro de quienes optan por la formalidad para adquirir viviendas sociales’, y evidencian la ineficacia de las investigaciones para ‘desbaratar las mafias que estafan con ventas ilegales’.

El presidente de la comisión de Ordenamiento Territorial del Consejo Regional, Manuel Millones, estima como necesario modernizar la legislación para agilizar los desalojos y tipificar nuevos delitos ‘para loteadores y quienes lucran con la pobreza’ y, por otra parte, ‘dar respuestas habitacionales más rápidas a sectores medios y carenciados’. Pero el diputado Andrés Celis cree que las autoridades deben echar mano a las normas existentes ‘para poner atajo a este aprovechamiento sin límites’.

La Región de Valparaíso es la que tiene más campamentos en Chile y muchos se han establecido en terrenos privados cuyos dueños ven cómo crecen y se consolidan sin que las acciones judiciales se traduzcan en desalojos. Uno de ellos, Claudio Easton, que sufrió la toma de su predio en Colmo, fue recibido esta semana por el delegado de Quillota, el seremi de Vivienda y el fiscal regional, que ’empatizaron con nuestra situación y expresaron apoyo’, dijo.