La familia del empresario Carlos García interpondrá hoy un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso por la usurpación de los tres lotes de su propiedad en Placilla, que están ocupados por unos 70 grupos familiares. Esta había desestimado esa opción en febrero, cuando la usurpación se había concretado, debido a que las cortes permanentemente rechazaban estos recursos, señalando que el Estado de Derecho brindaba otras vías para la restitución. Por eso, el abogado Diego Pereira, que representa a la familia García, decidió entonces abrir una querella penal.
Pero han pasado nueve meses y la policía ni siquiera ha empadronado a los ocupantes, que fueron creciendo en número, pues las ofertas de lotes se hicieron por internet y hasta han instalado postes de suministro eléctrico.
Pereira explicó que la acción tutelar que ahora interpondrán contra José Rojas Sandoval, apuntado por la policía como quien ofrecía los sitios por Facebook, está estimulada por el cambio de criterio que la Corte Suprema expresó, por primera vez, el viernes de la semana antepasada. Ese día dio seis meses de plazo para desalojar dos parcelas usurpadas en Reñaca Alto en un fallo en el que formulaba críticas a la autoridad política y a la fiscalía por la ‘ausencia de acciones’ frente al ‘aumento sostenido de asentamientos ilegales en bienes fiscales o privados’.
El abogado explicó que el caso de la familia García cumple todos los parámetros planteados por los ministros de la Tercera Sala. ‘La misma Corte Suprema reconoce que los mecanismos penal y civil no cumplen con la finalidad, por la lentitud y falta de herramientas policiales para concretar las diligencias. Acogen el reclamo para saltar estas barreras prácticas y restituir el derecho de propiedad’, afirmó.
Hace justo una semana, la misma Tercera Sala —con el solo voto en contra del ministro Sergio Muñoz— replicó idénticos fundamentos y críticas para acoger otro recurso de protección, ordenando el desalojo en el mismo plazo de una toma en un predio del Serviu en la comuna de Arauco, Región del Biobío. Esta vez fue interpuesto por la dueña de una vivienda social que reclamaba que ella y el resto de propietarios de casas adquiridas regularmente son afectados por el campamento instalado en el predio vecino.
Ello, porque los habitantes del asentamiento irregular se colgaban del tendido eléctrico, intervenían las cañerías de agua potable y abrían pozos sépticos afectando el suministro de la población regular y sus condiciones sanitarias. Además, la recurrente alegó que sentían temor de que sus casas también terminaran usurpadas.
Es esta incipiente jurisprudencia la que despierta el interés de la familia García y de otras víctimas de usurpaciones. ‘Es una vía abierta, a lo mejor la tomamos’, dijo Juan Pablo Hermosilla, que defiende a la familia de Alejandro Correa, asesinado en 2019 tras la usurpación de su predio en Quilpué. En este caso, pese a que la audiencia de preparación de juicio oral contra el acusado de ser loteador ilegal tendrá lugar en enero, el predio sigue ocupado.
Juan Carlos Manríquez, penalista que tiene dos clientes víctimas de tomas en Viña del Mar y Valparaíso, señala que podría recurrir a esa vía si las causas penales, que en su caso están avanzadas, finalizan sin que los terrenos sean restituidos. Su colega Waldo del Villar, quien consiguió el primero de los fallos que marcaron el cambio de criterio en la Suprema, señaló que ‘la gente está consultando’. Y Juan Valenzuela, presidente de la comunidad de carabineros en retiro que sufren desde hace tres años la toma de su predio en Horcón, comentó que se reunirá con su abogado para analizar esa vía.
Para la académica de Derecho Urbanístico de la UCV Jeanette Bruna, ‘es evidente que habrá un aumento de recursos de protección. La nueva jurisprudencia es la única que está logrando que la administración del Estado sea estricta en cumplir sus deberes legales en la materia’. Bruna destaca las providencias ordenadas por los dos fallos que cautelan los derechos de familias vulnerables a ser desalojadas.
Pero no en todos los casos es factible optar por el recurso. ‘En mi caso hubo una estafa previa, con algunas hectáreas donde están falsificados los títulos. Pero tampoco lo descartamos’, dice el abogado Sebastián Doren, cuyo cliente solo logró el desalojo de los líderes del asentamiento irregular en Reñaca Alto, cuya toma partió en 2020. Ese solo antecedente puede ser un argumento para obligar a ir a un juicio de lato conocimiento.
Otra dificultad es que la mayoría de las tomas en la Región de Valparaíso, la más afectada del país, partieron hace más de 30 días, que es el plazo establecido para interponer estos recursos. Sin embargo, estos dos nuevos fallos de la Corte Suprema establecen que la lentitud de los procesos judiciales y administrativos normales termina por mermar los ‘derechos de uso y goce del titular de la propiedad’. El abogado Diego Pereira cree que ahí está la clave para alegar que hay una ‘vulneración permanente’ del derecho de propiedad o una ‘flagrancia permanente’ del delito, para sortear ese límite temporal, y es lo que alegará en el recurso que interpone hoy ante la corte porteña.