Tras 942 policías agredidos y 7 funcionarios fallecidos hasta octubre; parlamentarios, abogados y analistas abordan esta iniciativa, junto con sus detalles, contexto y proyecciones.
La Cámara de Diputados aprobó en general la llamada “Ley Naín 2.0”, que agrava las penas por delitos realizados en contra de funcionarios de Carabineros, Policía de Investigaciones y Gendarmería. Aprobada con 89 votos a favor, 20 en contra y 13 abstenciones, esta iniciativa debe su nombre a Eugenio Naín, carabinero asesinado en el año 2020.
“Existen hechos que enlutan a Chile y que además de la persecución penal, deben ser respondidos desde el punto de vista legislativo, a fin de que hechos similares no vuelvan a ocurrir o bien, tengan el castigo que corresponde acorde a la gravedad del delito cometido”, expresa el diputado UDI, Jorge Alessandri.
¿Qué contempla en detalle este nuevo proyecto? ¿Cuáles son sus implicancias?
El diputado Alessandri explica que el proyecto de ley establece dos cosas:
• Obliga, para quienes cometen delitos contra Carabineros, PDI y Gendarmería que afecten su integridad física, a cumplir la pena efectivamente privados de libertad. Es decir, no poder acceder ni a la libertad condicional ni a las penas sustitutivas contempladas en la Ley 18.216.
• Establece que quienes cometen delitos contra el orden público en el marco de la Ley de Seguridad del Estado, si agreden a un Carabinero, PDI o Gendarmería, se considerará agravado el delito.
Juan Carlos Manríquez, abogado y profesor de derecho penal y litigación estratégica UC, explica que la iniciativa original (proyecto rechazado en 2021), consideraba una pena de presidio perpetuo calificado para quienes maten a un carabinero que se encuentre en el ejercicio de sus funciones.
Con respecto al actual proyecto, Manríquez explica que se propuso que, si el delito es cometido en el contexto del ejercicio de un derecho constitucional, no se podrán solicitar beneficios legales. Además, precisa que se incorporaron en el proyecto original algunas penas accesorias consistentes en la inhabilidad para desempeñar cargos públicos.
“Entre otros puntos, la Ley Naín 2.0 hace énfasis en restringir fuertemente las penas sustitutivas, beneficios alternativos y beneficios penitenciarios para los condenados por estos delitos, buscando acercarse al principio de ‘cumplimiento efectivo e íntegro de la pena’, como se ha planteado en el derecho internacional para los casos más graves (terrorismo, magnicidios, crímenes contra la humanidad y los derechos humanos, etc)”, aclara el abogado.
¿Qué dice la ley actualmente?
El Código de Justicia Militar establece en su Artículo 416 bis, que “el que hiriere, golpeare o maltratare de obra a un carabinero que se encontrare en el ejercicio de sus funciones, será castigado:
1º. Con la pena de presidio mayor en su grado medio a máximo (desde 10 años y un día a 20 años), si de resultas de las lesiones quedare el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido de algún miembro importante o notablemente deforme.
2º. Con presidio mayor en su grado mínimo (5 años y un día a 10 años), si las lesiones produjeren al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de treinta días.
3º. Con presidio menor en grado medio a máximo (541 días a 5 años), si le causare lesiones menos graves.
4º. Con presidio menor en su grado mínimo (61 a 541 días) si le ocasionare lesiones leves”.
¿Cómo es el contexto actual en que se presenta este proyecto?
Jorge Alessandri explica que ha habido una pérdida desmedida de la autoridad, respecto de quienes tienen el deber de resguardar el orden público. Ante esto, enfatiza en la necesidad de garantizar una protección especial a las fuerzas de orden, por parte del Estado, en el ejercicio de sus funciones para proteger su propia integridad física, a fin de que puedan cumplir su labor.
También, el diputado señala un aumento de los niveles de violencia en la comisión de delitos, particularmente relacionados al orden público, que han ido en aumento sin una respuesta oportuna por parte del Estado.
“Se advierte una sensación de impunidad por parte de los autores de delitos que es necesario combatir. A lo anterior, se agrega el hecho de que el resguardo del orden público por parte de las policías es resistido cada vez con mayor violencia en contra de los funcionarios de la PDI y Carabineros”, manifiesta Alessandri.
Por otro lado, el parlamentario hace referencia al compromiso que debe tener el Gobierno con las fuerzas de orden público.
Durante la votación de la primera versión de este proyecto (2021), Gabriel Boric, Giorgio Jackson y Camila Vallejo votaron en contra cuando se encontraban en calidad de diputados.
“Más allá de no haber apoyado este proyecto de ley, o de los dichos y votaciones de quienes hoy son autoridades, es evidente que resulta complejo y poco creíble que una autoridad que agradecía por las redes sociales a quienes cometían desmanes, ahora crean en el orden público de manera tan convencida”, expresa Alessandri.
El analista político y académico de la Universidad de Valparaíso, Guillermo Holzmann, señala que, al asumir el Gobierno actual, junto con aquellos miembros que denunciaban la violación de DDHH por parte de instituciones policiales, en definitiva, se enfrentan “al disparo en el pie” que tienen que asumir cuando llegan al gobierno.
En esa línea, Holzmann sostiene que este escenario, donde sigue adelante una reforma policial, pero también la reforma del Estado, con la creación de un nuevo ministerio, se define y caracteriza como un período de transición.
“Es ahí donde nos vamos a encontrar con las incoherencias, que van a tener que salvar no solamente por el discurso del cambio de opinión, sino también por acciones concretas”, manifiesta el analista.
De ser aprobado este proyecto, ¿qué se podría proyectar para el escenario delictual en contra de funcionarios de policías?
Jorge Alessandri afirma que es evidente que ante mayores castigos, los delincuentes tienden a tener mayor cuidado de cometer este tipo de delitos. Ante esto, plantea que el proyecto no soluciona el problema por sí solo, pero sí resulta una herramienta útil para devolverle a Carabineros, PDI y Gendarmería “el debido respeto y autoridad que han perdido en los últimos años, en el resguardo del orden público”.
“Usando las lógicas del análisis económico del derecho, la relación ‘costo/beneficio’ de atentar contra un policía se encarece mucho, costará más caro ser maleante asesino, y si ello se apareja a técnicas efectivas de inteligencia y corte de las asociaciones criminales que reclutan pistoleros o enseñan nuevas maneras de delinquir, la violencia callejera tendería a bajar”, añade el abogado, Juan Carlos Manríquez.
Fuente emol.com