Más de una hora duraron ayer los alegatos de apertura del juicio oral contra dos efectivos de Carabineros -Mario Guzmán Yuri y Mario Arancibia González-, acusados por la Fiscalía de los delitos de apremio ilegítimo con homicidio frustrado, disparos injustificados y, para el caso de Guzmán, el de falsificación de documento público, por lo que el Ministerio Público pide penas de cárcel efectivas sobre los 15 años.
La audiencia se realizó en el Tribunal Oral en lo Penal (TOP) de Viña del Mar, donde primero se discutió la concurrencia de los testigos en el juicio, se leyó la acusación y luego se dio paso a los alegatos por el hecho que ocurrió el 22 de octubre de 2019, en el marco de una manifestación en el estallido social, en Viña del Mar, donde resultaron lesionados por arma de fuego percutada por carabineros ocho personas, quienes presentaron heridas de diversas consideración.
En la lectura de los hechos, el juez Claudio Espinoza Asenjo precisó que “el 22 de octubre del 2019, en horas de la tarde, en el contexto de las manifestaciones sociales que se desarrollaban en el país en el sector de las plazas Vergara y Sucre de la comuna de Viña del Mar, los funcionarios de Carabineros hicieron uso injustificado de sus armas de servicio (…) en contra de las personas”.
El magistrado detalló que “asimismo abusando de sus cargos y funciones dispararon en múltiples ocasiones con ánimo de causar la muerte a los mismos manifestantes”, infringiendo la ley. Respecto de Guzmán Yuri, afirmó que en declaración a Carabineros sobre los hechos “habría faltado a la verdad” por lo que también se configuran en su caso los delitos de apremio ilegítimo con resultado de homicidios frustrado, delitos por los cuales la Fiscalía pide 10 años y un día; disparos injustificados, con una pena de 3 años y un día, y falsificación de documento público, con 3 años y un día.
Para Arancibia, en tanto, se consideraron los delitos de apremio ilegítimo, con la penalidad de presidio perpetuo simple, y disparos injustificado, delito por el cual se piden tres años y un día de cárcel. Más -para ambos acusados- se anexaron penas accesorias de huella genética y pago de costas.
Se leyó también la acusación del Consejo de Defensa del Estado (CDE), que no consideró el delito de disparo injustificado, la acusación particular del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), que pide mayor pena para ambos acusados, siendo para Guzmán un total de pena de 20 años y para Arancibia un presidio perpetuo simple más 5 años y un día, y la acusación particular de una de las víctimas, un menor de edad.
ALEGATOS DE APERTURA
El fiscal Juan Sebastián de La Fuente partió los alegatos de apertura del juicio oral, argumentando que el juicio “se trata del uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes del Estado, en particular, de carabineros” y explicó que si bien había estado de excepción constitucional, las fuerzas policiales estaban para tener “consideración” en controlar el orden.
El uso de armas de fuego, aclaró, “se encuentra regulado” y ambos funcionarios de Carabineros accedieron en usar su arma de fuego lo que se fundamenta por 4 principios.
El principio de legalidad, la necesidad manifiesta, el principio de proporcionalidad y el principio de responsabilidad, son situaciones que, según el fiscal, no fueron consideradas, por lo que “en la Fiscalía pretendemos demostrar que el uso de las armas de fuego que hicieron los carabineros no estaba permitido” y sí hubo tul abuso sin motivo ni razón de una amenaza potencialmente letal.
El fiscal aclaró que “este juicio no es una persecución en contra de la institución de Carabineros, sino que es un juicio en contra de funcionarios públicos que en ejercicio de sus funciones cometieron un delito”.
En tanto, los abogados privados de los acusados refutaron los hechos expuestos por la Fiscalía y manifestaron que no hubo delito, sino defensa.
El abogado de Guzmán Juan Carlos Manríquez, precisó que en la cronología de los hechos verán “el ruido, las piedras, el humo, los gases, pero no van a experimentar el agobio desde las siete de la mañana, los llamados, las urgencias, las coberturas, las peticiones de cooperación, la solicitud de material de trabajo que no llegó. Ese mismo Estado que debe responder y no llegó y que se denomina violencia institucional” y argumentó que había condiciones deficientes para carabineros.
En tanto, Daniel Muñoz, abogado defensor privado de Arancibia, aseveró que “a juicio de la defensa (lo expuesto por la Fiscalía y los querellantes) es una opinión absolutamente sesgada, los hechos no ocurrieron en la forma que no lo dice el Ministerio Público sino que lo dicen los querellantes, porque la acusación no contempla el detalle previo de lo ocurrido y eso hace necesario de esta defensa recurrir a un relato de los hechos” y detalló que el 22 de octubre había caos, robos a locales y destrozos que fue guiado por delincuentes y activistas.